Oriol Homs

A medida que pasan los días se va tomando consciencia de la gravedad del impacto de la pandemia en la actividad económica y en el empleo. Por su intensidad, rápida extensión y afectación de todo el planeta, la crisis del empleo será muy profunda y comparable o peor a la provocada por la Segunda Guerra Mundial.

En esa situación se requieren medidas excepcionales que rompen con la ortodoxia vigente, aunque sea temporalmente. Cuanto más tarde se tomen esas medidas, más profunda será la crisis y más difícil su recuperación. Parece ser que los países con mayor capacidad de su sistema sanitario y mayor capacidad financiera podrán reducir el impacto económico, sin poner en peligro vidas humanas. En los países con menor capacidad de su sistema sanitario y menor capacidad financiera, el impacto económico será más profundo, tensionando las relaciones entre países y augurando una nueva relación de fuerzas internacional. Del resultado de las grandes guerras siempre han salido las grandes alianzas internacionales que han dominado posteriormente las relaciones entre países.

Son los países con más urgencia los que debieran plantearse las medidas más innovadoras para hacer frente a la situación. Adaptándonos al presente con visión de futuro podemos lanzar algunas iniciativas que anuncien los grandes cambios de las décadas venideras. Como por ejemplo pasó con la incorporación de las mujeres para asegurar el funcionamiento de la actividad económica durante la última guerra y anticipó la generalización de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo de la segunda mitad del siglo XX.

El comportamiento y las estrategias aplicadas por parte del sistema de salud son un referente sobre como abordar la cuestión desde el sistema de empleo: movilización de recursos expertos, toma de decisiones basadas en evidencias científicas, reforzamiento del sistema para que pueda absorber el incremento de demanda, protección de los profesionales en primera línea, previsión de los acontecimientos y rapidez de la respuesta, adaptación constante de las medidas, coordinación de todos los actores intervinientes públicos y privados, toma de medidas excepcionales de gestión…

Se puede hacer una aproximación al impacto de las medidas ya tomadas en el día de hoy, pero seguramente también se consolida la visión de que lo peor aún está por llegar y dependerá en buena parte de las decisiones que se tomen en los momentos actuales y de su duración. Por lo que parece muy importante prever esas consecuencias para tomar las decisiones teniendo en cuenta el máximo de información.

Hoy por hoy, hay ya algunas cuestiones que pueden preverse con una cierta claridad:

–  El impacto sobre el empleo va a ser importante, quizás más que el de la pasada crisis del 2008 al 2013. Algunos autores sitúan el impacto en el PIB en una reducción de unos 2 puntos por cada mes que tarde la recuperación de la actividad productiva.

–  Que el impacto será desigual por sectores, en unos será muy negativo, en otros positivo y en otros la variación será menor.

–  Que la estructura productiva y ocupacional del país hace vulnerable ciertos colectivos, como las pymes y microempresas, los trabajadores temporales, los trabajadores con bajos sueldos.

–  La importancia de las políticas pasivas de empleo para sostener las rentas de la población, demostrada en la crisis de 2008-2013.

–  Que debido también a la diferente estructura productiva y ocupacional el impacto por territorios también será desigual.

–  Que la recuperación no será inmediata, ni por la reducción progresiva de las medidas restrictivas de la actividad económica excepcionales, ni por la reactivación de la actividad económica posterior. Por ejemplo, no es previsible una vuelta masiva de turismo durante un cierto tiempo.

–  Que se está produciendo una aceleración importante de la transformación digital de la economía y de la sociedad.

–  Que entrarán en cuestión algunos modelos de globalización de la producción y la organización de las cadenas de producción.

–  Que los impactos sobre los comportamientos de consumo de la población pueden tener un efecto más allá de la crisis sanitaria.

–  Que se producirá una saturación de los servicios públicos de empleo que pueden llegar a colapsar el sistema de empleo.

–  Que las vivencias de la población durante la situación de emergencia tendrán un impacto más duradero en sus comportamientos, valores y expectativas en los próximos años.

–  Que las medidas excepcionales que se tomen ahora pueden generar escenarios nuevos que se consoliden en el futuro.

–  Que algunos de los impactos previsibles pueden ser disruptivos, pero en muchos otros casos serán la aceleración o consolidación de tendencias ya en curso.

La concreción de estas cuestiones y la previsión de las muchas otras incertidumbres abren el dibujo de escenarios muy variados que habría que diseñar lo más rápidamente posible. Está clara hoy la prioridad de dotarse de los sistemas de información y de monitorización de la evolución del empleo para poder tomar decisiones lo más adecuadas posible.

Los impactos del coronavirus sobre el empleo pueden convertirse en la oportunidad para afrontar los grandes retos del empleo del siglo XXI. Algunas cuestiones parecen relevantes:

–  La gran cantidad de empleo que se liberará en los próximos meses, obliga a afrontar bruscamente lo que ya se sabía más ambiguamente sobre como afrontar la liberación de empleo que está ya causando la generalización de las innovaciones tecnológicas.

–  El papel del estado respecto al empleo obliga a concretar el debate sobre la reforma de los modelos económicos que hagan posible la compatibilidad de las economías de mercado y el bienestar de la población (propuestas de Piketty, economía de los bienes comunes, rentas mínimas o universales…)

–  La colaboración público privada en la provisión de los servicios, en este caso los de empleo, para asegurar la mayor eficacia y eficiencia posible.

–  La recualificación masiva de la población para adaptarla a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo.

–  La adaptación de la regulación del mercado de trabajo a las nuevas tendencias de organización de la producción y del empleo.

–  La colaboración multinivel de los actores involucrados en el mercado de trabajo y en el sistema de empleo en redes complejas de relación.

–  La utilización de sistemas tecnológicos avanzados para la gestión del sistema de empleo (bigdata, digitalización, robotización…)

Si estas son algunas de las cuestiones generales a tener en cuenta, otras cuestiones más concretas e inmediatas deberían también centrar la atención para la toma de decisiones urgentes:

–  La monitorización de la evolución del empleo para facilitar la toma de decisiones sobre evidencias contrastadas. La aportación del Observatorio Ocupacional del SEPE y del INE, colaboración entre las CCAA, explotación minuciosa de las bases de datos del SEPE. Creación de un mecanismo rápido de consulta empresarial (encuesta online) para prever la evolución del empleo.

–  Revisión de los mecanismos de gestión de las medidas de flexibilización del empleo para no colapsar el sistema.

–  Reforzamiento de las oficinas de empleo para poder absorber el incremento brusco de los demandantes de empleo.

–  Mejora de los sistemas de perfilado de los demandantes de empleo para poder personalizar la atención y diseñar las medidas adecuadas.

–  Reforzar la capacidad de recolocación de los demandantes de empleo entre sectores. Hay sectores con necesidades urgentes de contratación (sector socio-sanitario), y otros que las tendrán en las próximas semanas (sector agrario, actividades de desinfección…).

–  Movilización de todos los recursos públicos y privados para coordinar las respuestas a las tensiones que se producirán en el mercado de trabajo.

–  Revisión de los mecanismos de asignación y distribución de los presupuestos de políticas activas para flexibilizar su aplicación adaptándolas a las nuevas necesidades del empleo.

–  Flexibilización de los criterios de gestión y justificación de las subvenciones para no afectar la viabilidad de las entidades colaboradoras.

–  Colaboración entre servicios de empleo y servicios sociales a nivel local para poder atender de forma global las necesidades de las personas afectadas y vulnerables.

–  Reforzamiento de las transferencias al nivel local para afrontar desde la proximidad las necesidades más urgentes de generación de rentas.

–  Utilización de la información disponible para ofrecer orientación personalizada y automatizada a los demandantes de empleo.

–  Revisar la estrategia nacional de empleo para renegociar con la UE la asignación presupuestaria del nuevo período.

–  Coordinar una estrategia de comunicación responsable, veraz, que genere confianza y creíble sobre la evolución del empleo y recomendaciones de comportamiento directas a la población.

La situación actual obliga a pensar en términos globales y estratégicos y al mismo tiempo actuar al minuto.

Uno de los grandes retos que se planteará cuando finalice el estado de alarma y se inicie la reactivación progresiva de la actividad económica, será como hacer frente al brutal incremento de los niveles de paro en la medida que la suspensión temporal de contratos de los ERTEs seguramente se convierta en definitiva por el cierre de empresas o la consolidación de los despidos. En esa situación los presupuestos que habrá que dedicar a sostener las prestaciones de la población en paro absorberán gran cantidad de dinero. El debate sobre como sostener esta necesidad presupuestaria o replantear los criterios y condiciones de las prestaciones se abrirá con fuerza. El debate sobre la flexiseguridad y la mejor combinación entre políticas pasivas y activas volverá a plantearse intensamente, así como mejorar la eficacia de las políticas activas. Convendrá no tomar decisiones precipitadas, pero será necesario lo antes posible tomar decisiones con visión de futuro. Habría que asegurar que las decisiones sobre esta cuestión se toman teniendo en cuenta el máximo conocimiento disponible y la mayor experiencia acumulable para verificar que el impacto de las medidas será positivo a corto y medio plazo.

La cuestión clave será como sostener las rentas de las personas en situación de paro de forma sostenible hasta que la recuperación de la actividad económica las pueda volver a absorber para evitar una debacle social de grandes proporciones. El debate sobre la propuesta de unas rentas mínimas generalizadas está sobre la mesa. De los detalles sobre la duración, el montante, los colectivos beneficiarios, y los condicionantes del acceso a la renta, dependerá en buena medida su eficacia e impacto. Uno de los aprendizajes que puede obtenerse de las medidas de apoyo a la actividad económica que se han dictado hasta ahora, es que la complejidad del sistema productivo y el nivel de información que se dispone sobre su funcionamiento imponen la necesidad que las medidas a tomar sean simples, fácilmente aplicables y que eviten una pormenorización de excepciones que generan cuellos de botella, tensiones y desigualdades.

Uno de los escenarios posibles del proceso de reactivación de la vida económica y social es que deberá ser lento por precaución, selectivo en función de información disponible, y hasta que no se disponga de una vacuna o tratamiento clínico eficaz deberá convivir con la circulación del virus que provocará rebotes localizados de afectación rápida de personas que de forma puntual y localizada pueden afectar a territorios o sectores de actividad económica y social. Es decir, que será necesario continuar con la movilización de recursos entorno al sistema sanitario de forma directa o indirecta y se producirán alteraciones en la vida normal de la ciudadanía.

Por otra parte, se dispondrá de una cifra elevada de personas en situación de búsqueda de empleo que, aunque se refuerce su capacidad de emprendimiento, o que se hagan esfuerzos para mejorar su perfil competencial, intentarán obtener recursos a través de la economía sumergida o dispondrán de tiempo ocioso. En esa situación, también habrá que tenerse en cuenta la necesidad de mantener un tono vital personal y colectivo para evitar el hundimiento moral de parte de la población con efectos sociales importantes.

Esos días se ha constatado como la movilización de recursos para reforzar el sistema sanitario está siendo impresionante, y entre las medidas tomadas, destaca la movilización de personas disponibles, que en condiciones normales no lo hubieran hecho, para ayudar en las tareas más urgentes (movilización de sanitarios jubilados, contratación de mano de obra disponible, movilización de estudiantes, de voluntarios…).

En las próximas semanas el protagonismo de la lucha en primera fila del sistema sanitario contra el virus COVID19 cederá el paso al sistema de empleo para organizar la reactivación y la reconstrucción de la actividad económica.

Siguiendo el ejemplo de movilización extraordinaria producida entorno al sector sanitario, debería plantearse la movilización también excepcional de recursos materiales y humanos dirigidos a la reconstrucción de la actividad económica y a la cobertura de las necesidades sociales más urgentes especialmente de la población más vulnerable. Cabe preguntarse sobre la conveniencia de movilizar voluntariamente la población sin empleo para cubrir actividades como la temporada agrícola, la desinfección de infraestructuras y locales, la atención de personas mayores, la atención a los niños y niñas sin escuela y con padres teletrabajando, apoyo a las poblaciones aún en confinamiento, atención a personas vulnerables sin situación de pobreza extrema, y muchas otras actividades socialmente necesarias en la situación actual. La productividad y el retorno social de esas actividades justificarían la dotación de rentas especiales para apoyar con unos ingresos decentes a estas personas movilizadas y daría expresión a las cuotas más elevadas de solidaridad y cohesión social, tan necesarias para asegurar una recuperación ordenada.

En el caso de los jóvenes, que serán los más perjudicados por el cierre del mercado de trabajo, una movilización de este tipo cobra mayor sentido, ya que ello además de la productividad social que supondría, facilitaría el desarrollo de las competencias adquiridas en el sistema educativo que tendría un impacto positivo en su inserción laboral posterior. Los jóvenes que participaran en un dispositivo de este tipo deberían disfrutar de algunas compensaciones, como la de disponer de un servicio de intermediación laboral para responder a las ofertas de empleo de las empresas con necesidades de contratación. La organización de dicha iniciativa podría realizarse en colaboración con las entidades sociales que actualmente ya están colaborando con los servicios públicos de empleo en la aplicación de las políticas activas de empleo y que van a quedar afectadas si se restringen los presupuestos dedicados a dichas políticas.

Seguramente esta iniciativa tendría una vigencia posterior a la crisis y auguraría una nueva regulación de la transición de los jóvenes al mercado de trabajo, cuestión pendiente desde hace años en los países desarrollados.

En la medida que pudiera verificarse la idoneidad de iniciativas de ese tipo se podrían ensayar fórmulas para hacer frente a una cuestión pendiente de cómo afrontar el proceso de transición a una economía digital con la necesidad de reconvertir grandes proporciones de la población activa. La movilización voluntaria de la población para llevar a cabo actividades que cubran necesidades colectivas auguraría un modelo social y económico mixto de economía mercantil, economía social y sector público. La movilización voluntaria de la población debería complementarse con el desarrollo de las capacidades de las competencias para poder vivir en una sociedad digital y a medida que se controlara los impactos del coronavirus orientar las actividades al otro gran reto del planeta que esos días ha quedado en segundo plano pero que amenaza seriamente el futuro de la humanidad que es la sostenibilidad del planeta y la lucha contra el cambio climático.

El avance hacia un nuevo modelo de apoyo a las personas sin empleo que integre las políticas activas y pasivas permitirá legitimar la absorción de mayores cantidades presupuestarias a dicha labor de forma más eficaz y sostenible y con efectos positivos en el bienestar de la población.

Oriol Homs

 

 

Una preocupació creixent dels organismes internacionals

Recentment s’han publicat varis informes d’organismes internacionals (OCDE, OIT, World Economic Forum)1 que tracten sobre els impactes de les innovacions tecnològiques sobre el treball i l’ocupació. Aquest informes denoten una preocupació creixent pels efectes que l’acceleració dels processos d’automatització esta tenint sobre l’activitat econòmica, la qualificació de la mà d’obra i l’ocupació a escala planetària amb conseqüències sobre la governança mundial.
Des de diferents metodologies d’anàlisi, es constata una ampla coincidència entre tots ells sobre les previsions i els escenaris de futur, que confirmen les conclusions d’altres informes anteriors2 . L’escenari més probable en el que treballen els experts és la complementarietat entre l’activitat humana i l’assumida per processos automàtics, tal com afirma Ken Goldberg3 “…robots i humans no podem substituir-nos, però ens complementem i ens necessitem”.

Altres factors a tenir present

Malgrat l’atenció es centra en les innovacions tecnològiques, avui ja conegudes (internet quàntica d’alta velocitat, intel·ligència artificial, big data, tecnologia als núvols, internet de les coses, comerç digital, realitat virtual i augmentada, màquines que aprenen amb algoritmes, robots estàtics, no humanoides i humanoides, drons…), els informes assenyalen que per preveure els impactes de les innovacions conegudes cal tenir en compte altres factors, com l’organització que finalment incorpori les innovacions (per exemple per implementar el cotxe elèctric calen canvis importants en les estructures i a l’organització de les ciutats), la regulació que s’acordi (el cas de les plataformes com Uber, AIRBNB, Cabify…), els valors socials i culturals respecte el treball i a les formes d’ocupació (regulació i acceptació de les formes de treball atípiques, temps parcial, temporalitat, precarietat, distribució del treball…). El resultat final de l’impacte sobre el treball dependrà en bona mesura de la manera en que els països afrontin i reaccionin a les opcions que ofereixi la innovació tecnològica. Cal també tenir en compte que per que una innovació arribi a implementar-se cal que hi conflueixin altres factors com que el cost de la seva implementació permeti uns marges de beneficis suficientment atractius per a la inversió, que el cost de la mà d’obra faci atractiva la innovació i que hi hagi disponibilitat de mà d’obra amb la qualificació adequada, o que la reglamentació i l’acceptació social ho afavoreixi. Tots aquets factors poden jugar a favor o en contra, allargant o escurçant els períodes de transició des l’operativitat d’una innovació tecnològica fins a la seva aplicació generalitzada.

Previsió d’una transició problemàtica

Les conclusions dels informes citats, coincideixen en que ja s’ha iniciat un període d’acceleració de la difusió en el teixit econòmic d’una onada d’innovacions tecnològiques que es varen iniciar a las passades dècades i que segurament conduirà a propers salts d’innovació avui encara no coneguts. Els efectes d’aquest canvi ja són visibles avui en el mercat de treball i prenen la forma de mancances de professionals especialitzats en les àrees de major innovació, destrucció de llocs de treball en sectors subjectes a processos d’automatització, creació de nous llocs de treball relacionats amb les noves tecnologies adoptades, demanda de noves competències professionals…
L’informe del World Economic Forum preveu que la generació de noves ocupacions superarà el volum de la destrucció de llocs de treball, i l’informe de la OCDE detecta que des de 2011 s’han creat més llocs de treball en sectors de baix risc que els que s’han destruït en sectors de alt risc d’automatització.
Es preveu que en un horitzó temporal curt, a l’any 2022, el 42% de les tasques seran automatitzada, i el 58% restaran en mans dels humans, en comparació al 29% i 71% respectivament actuals.
Malgrat que aquestes previsions caldrà seguir-les acuradament per veure la interacció entre tots els factors que hi influeixen, tot apunta a que el problema més important al que han de fer front les països no es tan la substitució del treball humà per processos automatitzats, sinó l’enorme dimensió de la transformació en curs que afectarà a proporcions molt importants de la població activa. Es calcula que el 54% dels treballadors necessitaran redefinir o incrementar les seves competències professionals, ja que es veuran afectats per l’automatització parcial de les seves ocupacions. El 60% de les ocupacions tindran com a mínim un 30% de les seves activitats automatitzades.
L’afectació durant el període de transició no serà igual en tot el planeta, els països que acumulen més mà d’obra associada a activitats automatitzables (China, India…) es veuran més afectats que altres (Europa, Japó, EEUU…). Les desigualtats també es faran sentir segons les característiques econòmiques dels territoris. El risc d’automatització a Eslovàquia occidental és del 40%, en canvi a l’àrea metropolitana de Oslo és del 4%. Inclús dins d’un mateix país: la diferencia de risc entre regions del Canadà és de 1 punt, mentre que a Espanya és de 12 punts.

Promoure els escenaris positius i evitar els negatius

Les tensions observables en el període de transició dibuixa dos escenaris contraposats:
 Escenari negatiu: La manca de talent adaptat als nous requeriments de competències dels sectors en expansió s’acumulen a les dificultats per reciclar els treballadors que perdran el seu lloc de treball incrementant-se els nivells d’atur entre la població, la qual cosa generarà desigualtats creixents i tensions en la governança dels països per manca de cohesió social que poden arribar a bloquejar el creixement i el benestar de la població.
 Escenari positiu: La capacitat d’atraure talent i desenvolupar les noves competències professionals fruit d’un esforç de requalificació de la mà d’obra que es veurà afectada durant el període de transició, generen societats inclusives que fomenten un cicle de creixement econòmic i prosperitat per a la població.
La OCDE constata que des de 2011 el 30% de la població dels països membres viuen en zones en les que ha augmentat la productivitat i la inclusió social, mentre que el 50% viuen en zones en les que ha augmentat la productivitat però ha disminuït la inclusió social.
La contraposició entre aquest dos escenaris situa la clau en dues qüestions crítiques: la capacitat dels països i regions en atraure i incentivar les activitats econòmiques que sortiran reforçades del procés d’innovació, i la capacitat de requalificar la població afectada desenvolupant les noves competències adaptades a les exigències del mercat de treball. D’aquestes dues qüestions dependrà en bona mesura la capacitat de gestionar el període de transició per consolidar l’escenari positiu.
La relació d’aquests dos elements amb les dinàmiques territorials posa l’èmfasi en el paper dels organismes locals en la promoció econòmica i en les polítiques actives d’ocupació, els quals jugaran un paper clau en la capacitat de reacció de cada territori.

Un nou perfil de treballador

De la mateixa manera que la conformació d’un perfil de treballador industrial qualificat i altament competitiu en el cicle de la producció industrial massiva va requerir gairebé un segle des dels inicis de la revolució industrial, la configuració d’un prototipus de treballador capaç d’interactuar amb processos automatitzats que abasten no només tasques previsibles i repetitives sinó que s’endinsen en zones de més valor afegit que inclouen presa de decisió i resolució de problemes complexes, també reclamarà temps i canvis en els processos de formació i aprenentatge, i en els criteris organitzatius i de gestió de les empreses.
Professions com: analistes de dades i científics, desenvolupadors d’aplicacions de software, Ecomerç i especialistes en xarxes socials, treballadors d’atenció al client, venedors i professionals del màrqueting, especialistes en desenvolupament organitzatiu i cultural, gestors innovadors, especialistes en Intel·ligència artificial i màquines que aprenen, especialistes en big data, especialistes en processos d’automatització, analistes en seguretat informació, dissenyadors d’interacció home-màquina, enginyers de robòtica, especialistes en blockchain, són ocupacions que demanen un nou tipus de treballador amb capacitats de creativitat, originalitat, iniciativa, pensament crític, persuasió, negociació, orientació al servei, resiliència, flexibilitat, resolució de problemes complexes, intel·ligència emocional, lideratge, influència social. Caldrà doncs, organitzar nous mecanismes i estructures socials adequades per a desenvolupar massivament aquestes competències entre la població i modelar un nou perfil de treballador/a.
L’organització actual del sistema educatiu, especialment de la formació professional i de les polítiques actives d’ocupació no estan preparades per contribuir a conformar el nou prototipus de professional. El dèficit és més patent en l’oferta de formació ocupacional i continua, que és el punt en el que es jugaran les cartes claus per l’adaptació de la població a les transformacions en curs.
Cal preveure urgentment com afrontar una demanda massiva de requalificació de la població activa, tant la que està en situació d’atur com la ocupada. Es preveu que un 35% de la població activa requerirà participar en activitats formatives de fins a 6 mesos de durada, un 9% de sis mesos a un any i un 10% de més d’un any.

El treball del futur dependrà de les decisions que es prenguin avui

Amb els nivells d’informació avui disponibles la previsió dels esdeveniments futurs dibuixa amb suficient claredat els principals contorns dels escenaris plausibles per tal que es puguin prendre les decisions adequades. Lluny d’una perspectiva determinista tecnològica, el debat avui es centra en la capacitat de reformar les estructures, els condicionants i les mentalitats heretades d’una època que està entrant en un període de transició convuls i de gran abast, però que si s’aborda adequadament pot obrir un nou cicle de creixement inclusiu i de benestar per la població.
Les ciutats es veuran afectades pel procés de transició, requerint una redefinició estratègica de les seves polítiques per afrontar els reptes. Caldrà revisar doncs, les polítiques de atracció d’inversions, de localització d’activitats productives, de promoció de la innovació, d’educació i formació, de promoció de l’ocupació i reciclatge de la població treballadora, de mobilitat, d’inclusió social, d’innovació en la gestió i organització de la ciutat. D’aquestes decisions dependrà el nou cicle de prosperitat o decadència de les ciutats en els propers decennis.

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1 – OCDE (2018): Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work. OECD Publishing.
– WORLD ECONOMIC FORUM (2018): The Future of Jobs Report. Centre for the New Economy and Society Insight Report.
– INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (2018): The future of work in a changing natural environment: Climate change, degradation and sustainability. ILO future of work research paper series, research paper 4.

2 – H. BAKHSHIA, J. DOWNING, M. OSBORNE, P. SCHNEIDER (2017): The Future of Skills: Employment in 2030. Pearson, University of Oxford, Oxford Martin Shool i Nesta.
– McKINSEY & COMPANY (2017a): A future that works: automation, employment, and productivity. McKinsey Global Institute.

3 Ken Goldberg. Catedràtic d’Enginyeria Robòtica a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. La Vanguardia 11-10-2018