A medida que pasan los días se va tomando consciencia de la gravedad del impacto de la pandemia en la actividad económica y en el empleo. Por su intensidad, rápida extensión y afectación de todo el planeta, la crisis del empleo será muy profunda y comparable o peor a la provocada por la Segunda Guerra Mundial.

En esa situación se requieren medidas excepcionales que rompen con la ortodoxia vigente, aunque sea temporalmente. Cuanto más tarde se tomen esas medidas, más profunda será la crisis y más difícil su recuperación. Parece ser que los países con mayor capacidad de su sistema sanitario y mayor capacidad financiera podrán reducir el impacto económico, sin poner en peligro vidas humanas. En los países con menor capacidad de su sistema sanitario y menor capacidad financiera, el impacto económico será más profundo, tensionando las relaciones entre países y augurando una nueva relación de fuerzas internacional. Del resultado de las grandes guerras siempre han salido las grandes alianzas internacionales que han dominado posteriormente las relaciones entre países.

Son los países con más urgencia los que debieran plantearse las medidas más innovadoras para hacer frente a la situación. Adaptándonos al presente con visión de futuro podemos lanzar algunas iniciativas que anuncien los grandes cambios de las décadas venideras. Como por ejemplo pasó con la incorporación de las mujeres para asegurar el funcionamiento de la actividad económica durante la última guerra y anticipó la generalización de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo de la segunda mitad del siglo XX.

El comportamiento y las estrategias aplicadas por parte del sistema de salud son un referente sobre como abordar la cuestión desde el sistema de empleo: movilización de recursos expertos, toma de decisiones basadas en evidencias científicas, reforzamiento del sistema para que pueda absorber el incremento de demanda, protección de los profesionales en primera línea, previsión de los acontecimientos y rapidez de la respuesta, adaptación constante de las medidas, coordinación de todos los actores intervinientes públicos y privados, toma de medidas excepcionales de gestión…

Se puede hacer una aproximación al impacto de las medidas ya tomadas en el día de hoy, pero seguramente también se consolida la visión de que lo peor aún está por llegar y dependerá en buena parte de las decisiones que se tomen en los momentos actuales y de su duración. Por lo que parece muy importante prever esas consecuencias para tomar las decisiones teniendo en cuenta el máximo de información.

Hoy por hoy, hay ya algunas cuestiones que pueden preverse con una cierta claridad:

–  El impacto sobre el empleo va a ser importante, quizás más que el de la pasada crisis del 2008 al 2013. Algunos autores sitúan el impacto en el PIB en una reducción de unos 2 puntos por cada mes que tarde la recuperación de la actividad productiva.

–  Que el impacto será desigual por sectores, en unos será muy negativo, en otros positivo y en otros la variación será menor.

–  Que la estructura productiva y ocupacional del país hace vulnerable ciertos colectivos, como las pymes y microempresas, los trabajadores temporales, los trabajadores con bajos sueldos.

–  La importancia de las políticas pasivas de empleo para sostener las rentas de la población, demostrada en la crisis de 2008-2013.

–  Que debido también a la diferente estructura productiva y ocupacional el impacto por territorios también será desigual.

–  Que la recuperación no será inmediata, ni por la reducción progresiva de las medidas restrictivas de la actividad económica excepcionales, ni por la reactivación de la actividad económica posterior. Por ejemplo, no es previsible una vuelta masiva de turismo durante un cierto tiempo.

–  Que se está produciendo una aceleración importante de la transformación digital de la economía y de la sociedad.

–  Que entrarán en cuestión algunos modelos de globalización de la producción y la organización de las cadenas de producción.

–  Que los impactos sobre los comportamientos de consumo de la población pueden tener un efecto más allá de la crisis sanitaria.

–  Que se producirá una saturación de los servicios públicos de empleo que pueden llegar a colapsar el sistema de empleo.

–  Que las vivencias de la población durante la situación de emergencia tendrán un impacto más duradero en sus comportamientos, valores y expectativas en los próximos años.

–  Que las medidas excepcionales que se tomen ahora pueden generar escenarios nuevos que se consoliden en el futuro.

–  Que algunos de los impactos previsibles pueden ser disruptivos, pero en muchos otros casos serán la aceleración o consolidación de tendencias ya en curso.

La concreción de estas cuestiones y la previsión de las muchas otras incertidumbres abren el dibujo de escenarios muy variados que habría que diseñar lo más rápidamente posible. Está clara hoy la prioridad de dotarse de los sistemas de información y de monitorización de la evolución del empleo para poder tomar decisiones lo más adecuadas posible.

Los impactos del coronavirus sobre el empleo pueden convertirse en la oportunidad para afrontar los grandes retos del empleo del siglo XXI. Algunas cuestiones parecen relevantes:

–  La gran cantidad de empleo que se liberará en los próximos meses, obliga a afrontar bruscamente lo que ya se sabía más ambiguamente sobre como afrontar la liberación de empleo que está ya causando la generalización de las innovaciones tecnológicas.

–  El papel del estado respecto al empleo obliga a concretar el debate sobre la reforma de los modelos económicos que hagan posible la compatibilidad de las economías de mercado y el bienestar de la población (propuestas de Piketty, economía de los bienes comunes, rentas mínimas o universales…)

–  La colaboración público privada en la provisión de los servicios, en este caso los de empleo, para asegurar la mayor eficacia y eficiencia posible.

–  La recualificación masiva de la población para adaptarla a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo.

–  La adaptación de la regulación del mercado de trabajo a las nuevas tendencias de organización de la producción y del empleo.

–  La colaboración multinivel de los actores involucrados en el mercado de trabajo y en el sistema de empleo en redes complejas de relación.

–  La utilización de sistemas tecnológicos avanzados para la gestión del sistema de empleo (bigdata, digitalización, robotización…)

Si estas son algunas de las cuestiones generales a tener en cuenta, otras cuestiones más concretas e inmediatas deberían también centrar la atención para la toma de decisiones urgentes:

–  La monitorización de la evolución del empleo para facilitar la toma de decisiones sobre evidencias contrastadas. La aportación del Observatorio Ocupacional del SEPE y del INE, colaboración entre las CCAA, explotación minuciosa de las bases de datos del SEPE. Creación de un mecanismo rápido de consulta empresarial (encuesta online) para prever la evolución del empleo.

–  Revisión de los mecanismos de gestión de las medidas de flexibilización del empleo para no colapsar el sistema.

–  Reforzamiento de las oficinas de empleo para poder absorber el incremento brusco de los demandantes de empleo.

–  Mejora de los sistemas de perfilado de los demandantes de empleo para poder personalizar la atención y diseñar las medidas adecuadas.

–  Reforzar la capacidad de recolocación de los demandantes de empleo entre sectores. Hay sectores con necesidades urgentes de contratación (sector socio-sanitario), y otros que las tendrán en las próximas semanas (sector agrario, actividades de desinfección…).

–  Movilización de todos los recursos públicos y privados para coordinar las respuestas a las tensiones que se producirán en el mercado de trabajo.

–  Revisión de los mecanismos de asignación y distribución de los presupuestos de políticas activas para flexibilizar su aplicación adaptándolas a las nuevas necesidades del empleo.

–  Flexibilización de los criterios de gestión y justificación de las subvenciones para no afectar la viabilidad de las entidades colaboradoras.

–  Colaboración entre servicios de empleo y servicios sociales a nivel local para poder atender de forma global las necesidades de las personas afectadas y vulnerables.

–  Reforzamiento de las transferencias al nivel local para afrontar desde la proximidad las necesidades más urgentes de generación de rentas.

–  Utilización de la información disponible para ofrecer orientación personalizada y automatizada a los demandantes de empleo.

–  Revisar la estrategia nacional de empleo para renegociar con la UE la asignación presupuestaria del nuevo período.

–  Coordinar una estrategia de comunicación responsable, veraz, que genere confianza y creíble sobre la evolución del empleo y recomendaciones de comportamiento directas a la población.

La situación actual obliga a pensar en términos globales y estratégicos y al mismo tiempo actuar al minuto.

Uno de los grandes retos que se planteará cuando finalice el estado de alarma y se inicie la reactivación progresiva de la actividad económica, será como hacer frente al brutal incremento de los niveles de paro en la medida que la suspensión temporal de contratos de los ERTEs seguramente se convierta en definitiva por el cierre de empresas o la consolidación de los despidos. En esa situación los presupuestos que habrá que dedicar a sostener las prestaciones de la población en paro absorberán gran cantidad de dinero. El debate sobre como sostener esta necesidad presupuestaria o replantear los criterios y condiciones de las prestaciones se abrirá con fuerza. El debate sobre la flexiseguridad y la mejor combinación entre políticas pasivas y activas volverá a plantearse intensamente, así como mejorar la eficacia de las políticas activas. Convendrá no tomar decisiones precipitadas, pero será necesario lo antes posible tomar decisiones con visión de futuro. Habría que asegurar que las decisiones sobre esta cuestión se toman teniendo en cuenta el máximo conocimiento disponible y la mayor experiencia acumulable para verificar que el impacto de las medidas será positivo a corto y medio plazo.

La cuestión clave será como sostener las rentas de las personas en situación de paro de forma sostenible hasta que la recuperación de la actividad económica las pueda volver a absorber para evitar una debacle social de grandes proporciones. El debate sobre la propuesta de unas rentas mínimas generalizadas está sobre la mesa. De los detalles sobre la duración, el montante, los colectivos beneficiarios, y los condicionantes del acceso a la renta, dependerá en buena medida su eficacia e impacto. Uno de los aprendizajes que puede obtenerse de las medidas de apoyo a la actividad económica que se han dictado hasta ahora, es que la complejidad del sistema productivo y el nivel de información que se dispone sobre su funcionamiento imponen la necesidad que las medidas a tomar sean simples, fácilmente aplicables y que eviten una pormenorización de excepciones que generan cuellos de botella, tensiones y desigualdades.

Uno de los escenarios posibles del proceso de reactivación de la vida económica y social es que deberá ser lento por precaución, selectivo en función de información disponible, y hasta que no se disponga de una vacuna o tratamiento clínico eficaz deberá convivir con la circulación del virus que provocará rebotes localizados de afectación rápida de personas que de forma puntual y localizada pueden afectar a territorios o sectores de actividad económica y social. Es decir, que será necesario continuar con la movilización de recursos entorno al sistema sanitario de forma directa o indirecta y se producirán alteraciones en la vida normal de la ciudadanía.

Por otra parte, se dispondrá de una cifra elevada de personas en situación de búsqueda de empleo que, aunque se refuerce su capacidad de emprendimiento, o que se hagan esfuerzos para mejorar su perfil competencial, intentarán obtener recursos a través de la economía sumergida o dispondrán de tiempo ocioso. En esa situación, también habrá que tenerse en cuenta la necesidad de mantener un tono vital personal y colectivo para evitar el hundimiento moral de parte de la población con efectos sociales importantes.

Esos días se ha constatado como la movilización de recursos para reforzar el sistema sanitario está siendo impresionante, y entre las medidas tomadas, destaca la movilización de personas disponibles, que en condiciones normales no lo hubieran hecho, para ayudar en las tareas más urgentes (movilización de sanitarios jubilados, contratación de mano de obra disponible, movilización de estudiantes, de voluntarios…).

En las próximas semanas el protagonismo de la lucha en primera fila del sistema sanitario contra el virus COVID19 cederá el paso al sistema de empleo para organizar la reactivación y la reconstrucción de la actividad económica.

Siguiendo el ejemplo de movilización extraordinaria producida entorno al sector sanitario, debería plantearse la movilización también excepcional de recursos materiales y humanos dirigidos a la reconstrucción de la actividad económica y a la cobertura de las necesidades sociales más urgentes especialmente de la población más vulnerable. Cabe preguntarse sobre la conveniencia de movilizar voluntariamente la población sin empleo para cubrir actividades como la temporada agrícola, la desinfección de infraestructuras y locales, la atención de personas mayores, la atención a los niños y niñas sin escuela y con padres teletrabajando, apoyo a las poblaciones aún en confinamiento, atención a personas vulnerables sin situación de pobreza extrema, y muchas otras actividades socialmente necesarias en la situación actual. La productividad y el retorno social de esas actividades justificarían la dotación de rentas especiales para apoyar con unos ingresos decentes a estas personas movilizadas y daría expresión a las cuotas más elevadas de solidaridad y cohesión social, tan necesarias para asegurar una recuperación ordenada.

En el caso de los jóvenes, que serán los más perjudicados por el cierre del mercado de trabajo, una movilización de este tipo cobra mayor sentido, ya que ello además de la productividad social que supondría, facilitaría el desarrollo de las competencias adquiridas en el sistema educativo que tendría un impacto positivo en su inserción laboral posterior. Los jóvenes que participaran en un dispositivo de este tipo deberían disfrutar de algunas compensaciones, como la de disponer de un servicio de intermediación laboral para responder a las ofertas de empleo de las empresas con necesidades de contratación. La organización de dicha iniciativa podría realizarse en colaboración con las entidades sociales que actualmente ya están colaborando con los servicios públicos de empleo en la aplicación de las políticas activas de empleo y que van a quedar afectadas si se restringen los presupuestos dedicados a dichas políticas.

Seguramente esta iniciativa tendría una vigencia posterior a la crisis y auguraría una nueva regulación de la transición de los jóvenes al mercado de trabajo, cuestión pendiente desde hace años en los países desarrollados.

En la medida que pudiera verificarse la idoneidad de iniciativas de ese tipo se podrían ensayar fórmulas para hacer frente a una cuestión pendiente de cómo afrontar el proceso de transición a una economía digital con la necesidad de reconvertir grandes proporciones de la población activa. La movilización voluntaria de la población para llevar a cabo actividades que cubran necesidades colectivas auguraría un modelo social y económico mixto de economía mercantil, economía social y sector público. La movilización voluntaria de la población debería complementarse con el desarrollo de las capacidades de las competencias para poder vivir en una sociedad digital y a medida que se controlara los impactos del coronavirus orientar las actividades al otro gran reto del planeta que esos días ha quedado en segundo plano pero que amenaza seriamente el futuro de la humanidad que es la sostenibilidad del planeta y la lucha contra el cambio climático.

El avance hacia un nuevo modelo de apoyo a las personas sin empleo que integre las políticas activas y pasivas permitirá legitimar la absorción de mayores cantidades presupuestarias a dicha labor de forma más eficaz y sostenible y con efectos positivos en el bienestar de la población.

Oriol Homs